El gobierno adjudicó un contrato de $5,900 millones para resolver los apagones a empresas que no podían ejecutarlo, con firmas no autorizadas y un convicto federal entre los firmantes.

El PIP exige a la gobernadora que explique, con evidencia técnica y científica, cómo un proyecto de esta magnitud puede avanzar cuando el propio gobierno reconoce que el agua no alcanza.