SAN JUAN, PUERTO RICO. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
El presidente del Comité Dominicano Pro Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez, anunció su endoso al aspirante a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y La Alianza, Juan Dalmau Ramírez.
“La participación en términos electorales de la comunidad dominicana y de todos los inmigrantes en Puerto Rico es indispensable porque también han sufrido, a lo largo de estos 55 años, los abusos, el olvido y el atropello por parte del liderato penepé y popular, de quienes apenas reciben apoyo en términos gubernamentales. En el PIP hemos tenido vínculos históricos con el pueblo dominicano y nos unen lazos de solidaridad, respeto y empatía y en mi programa de Patria Nueva están presentes porque es importante que se les atiendan sus reclamos con mucha dignidad”, puntualizó el candidato a la gobernación por La Alianza.
Por su parte, José Rodríguez, enfatizó que: “Escuchadas ya las propuestas del candidato Juan Dalmau, estamos más qué seguros que este plan de gobierno toma en cuenta el aspecto humanitario de los inmigrantes en Puerto Rico”.
Según datos, la comunidad dominicana en Puerto Rico asciende a aproximadamente a 350,000 personas incluyendo residentes y personas indocumentadas y, de esta población, un 43% de estas personas vive bajo el nivel de pobreza y tiene “acceso limitado a recursos y beneficios del Estado”.
En el programa de gobierno de Patria Nueva se propone crear la Defensoría de Personas Inmigrantes adscrita a la Unidad de Equidad e Inclusión del Departamento de Derechos Humanos. Además de dotar al Instituto de Estadísticas de los recursos para realizar un estudio de las características demográficas y las fuentes de marginación y rechazo de la comunidad dominicana. Deben reclutarse integrantes de la propia comunidad para facilitar el acercamiento a las personas y así conseguir un número mayor de respuestas.
Juan Dalmau destacó que: “La situación de las mujeres es particularmente difícil por la dependencia del trabajo doméstico y la vulnerabilidad ante situaciones de violencia”.
Para atender ese particular propone fiscalizar la ejecución de las políticas públicas que permiten que las sobrevivientes de violencia de género, con órdenes de protección, puedan estar cobijadas con “vouchers” del Departamento de Vivienda o tener acceso a vivienda pública.
FIN
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