LA LEY 22 DEL 2012, conocida como “Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, promueve que individuos que no hayan sido residentes del país por los últimos quince años antes de la aprobación de la ley, y que mantienen inversiones en o fuera de Estados Unidos, establezcan residencia en Puerto Rico. La ley “otorga exención contributiva total por ganancias de capital a las personas que trasladen su residencia de cualquier lugar a Puerto Rico”.
Por su parte, la Ley 20 es “un programa que incentiva a las empresas o individuos radicados en Puerto Rico a exportar servicios a otras jurisdicciones. No se limita a corporaciones extranjeras”. En el año 2019 se aprobó la Ley 60, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, que consolidó la mayoría de las leyes de incentivos existentes hasta ese momento, incluyendo las leyes 20 y 22.
Una pregunta fundamental en el análisis de las consecuencias económicas y fiscales de la puesta en marcha de ambos estatutos –ahora consolidados en la Ley 60– es si en realidad, como se argumenta oficialmente, estos han traído beneficios sustanciales a la sociedad puertorriqueña o si, por el contrario, se han beneficiado más los inversionistas que han recibido los incentivos y que los continuarán recibiendo en el futuro previsible.
Más allá del cálculo de los empleos directos e indirectos que se asegura han sido creados, y de los impuestos recaudados por el Departamento de Hacienda, la interrogante de fondo es si la estrategia de atracción de capital para impulsar el crecimiento económico de Puerto Rico se debe fundamentar en una visión como la que estas leyes respaldan, o si lo adecuado sería promover alternativas que respondan a los mejores intereses del país, particularmente aquellos de los sectores más rezagados.
En el siguiente ensayo que podrá descargar, se discuten brevemente las consecuencias económicas y fiscales de las leyes 20 y 22. También se abordan las controversias relacionadas con la puesta en marcha de ambos estatutos, así como argumentos a favor y en contra de su permanencia.
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Dr. Edwin Irizarry Mora
Catedrático Jubilado de Economía UPR-RUM
Doctorado en Desarrollo Económico del
Institute of Development Studies (IDS),
Universidad de Sussex, Inglaterra (1989)
(universidad número 1 en el "ranking" mundial en estudios del desarrollo)
FIN
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