La política industrial tiene que orientarse a la competitividad y a la transferencia de recursos hacia los sectores e industrias de futuro y a la promoción de productos cuya demanda en nuestros mercados de exportación crezca significativamente. Tiene que establecer nichos competitivos basados en calidad y diferenciación. Vinculada a la estrategia industrial, tiene que desarrollarse una política tecnológica. El país debe tener un papel central en la provisión de servicios (desarrollo tecnológico, servicios financieros, mercadeo y todo tipo de servicio profesional) en el área del Caribe. Propuesta 1: Promover empresas, productos y servicios para exportación, en forma diversificada, y en renglones en que podemos desarrollar una ventaja competitiva en el mercado internacional. Promover acuerdos de cooperación que faciliten el comercio y la transferencia de tecnología, especialmente -aunque no estrictamente- con países de la región caribeña y latinoamericana. Requerir que las empresas que se establezcan dediquen recursos a la investigación y desarrollo de nuevos productos y técnicas de producción. Propuesta 2: Promover empresas de capital conjunto (extranjero y local) sin limitar el tipo de actividad a la que puedan dedicarse y enfatizando en las que tengan un potencial de generación de empleos con altos niveles de salarios. Promover el establecimiento de centros industriales completos en Puerto Rico, el Caribe y América Latina, que conjuguen las diversas funciones empresariales. Crear un Fondo de Desarrollo Nacional que sirva para el financiamiento de la infraestructura que sea clave para la atracción de inversión privada. Propuesta 3: Promover la exportación de servicios tecnológicos, financieros, de mercadeo y profesionales, especialmente al área del Caribe, en la cual Puerto Rico ostenta una posición competitiva favorable. Identificar alternativas de inversión para colaborar con el sector cooperativo y la banca en el diseño de estrategias financieras y de inversión. Promover formas nuevas de organización empresarial como las cooperativas de producción y las corporaciones propiedad de trabajadores y trabajadoras. La información expuesta aquí es un resumen diseñado para facilitar la lectura. Para acceder a la información completa, descargue el documento al final de esta página.

Diagnóstico: En Puerto Rico nunca se ha realizado una reforma fiscal integral. Por lo tanto, se carece de una base tributaria amplia y justa, y de una estructura presupuestaria que, aparte de estar en correspondencia con los ingresos, refleje una clara y coherente prioridad de gastos en sintonía con las necesidades del país. Es necesaria una reforma tributaria, pero esta tiene que ser integral. Debe ampliarse la base tributaria, de suerte que los efectos positivos en la recaudación se logren con tasas que no resulten onerosas. Propuesta 1: Revisión de las clasificaciones de niveles de ingresos para el cómputo de la contribución sobre ingresos de individuos con el propósito de otorgar alivio contributivo a las familias, garantizar la progresividad del sistema contributivo y eliminar el peso confiscatorio al que está sometida la persona asalariada. Restablecer una tasa contributiva alterna de 20% sobre la venta de activos de capital consistente en bienes inmuebles. Propuesta 2: Aumentar la capacidad de recaudo del gobierno fijando la tasa básica de las corporaciones que gozarán de incentivos contributivos en un 15% sobre su ingreso neto de operaciones. Dicha tasa será efectiva una vez apliquen los créditos y deducciones a los que tengan derecho. Simplificar la estructura contributiva aplicable a las corporaciones y sociedades que no cualifican para incentivos contributivos sin que ello conlleve una reducción en los recaudos. Eliminar la Ley 22, ahora subsumida en la Ley 60. Propuesta 3: Reducir el IVU en la medida en que se ejecutan las medidas contributivas anteriores. Otorgar un crédito contributivo o subsidio para las familias pobres que radiquen planillas para hacer justicia económica y para incorporarlas a la economía formal. Revisar el esquema de deducciones y créditos contributivos para los individuos, de suerte que se eviten los privilegios a contribuyentes de altos ingresos. La información expuesta aquí es un resumen diseñado para facilitar la lectura. Para acceder a la información completa, descargue el documento al final de esta página.

La agricultura es uno de los sectores económicos fundamentales para el desarrollo equilibrado y autosostenido de la economía nacional. Las estadísticas oficiales reflejan un total de 25,000 empleos agrícolas, pero la agricultura provee sobre 42,000 empleos directos, si consideramos los que se generan en la industrialización de la producción agrícola. La agricultura es la principal fuente de empleo para la población de 21 municipios de la zona central del país, pero sólo provee entre el 10% y 15% de los alimentos que consumimos. Propuesta 1: Proteger la mayor cantidad de tierras posibles para que nuestro sector productor de alimentos pueda suplir los alimentos que nuestro pueblo necesita. Identificar, conservar y proteger al menos 750,000 cuerdas de tierras para una agricultura próspera y competitiva. Proveer para que las tierras cuenten con el recurso agua y la infraestructura necesaria de producción. Toda tierra agrícola que no esté dedicada a la producción deberá pagar un impuesto de lujo. Crear un banco de fincas pequeñas para agricultores orgánicos, y/o urbanos. Propuesta 2: Fomentar que profesionales de la agronomía se dediquen al empresarismo agropecuario. Capacitar a todas las personas que producen, en aspectos empresariales y de alta productividad dentro del esquema organizacional cooperativo, utilizándolo como herramienta de apoyo a las empresas agropecuarias. Lograr el objetivo de una mano de obra diestra, altamente capacitada y bien remunerada. Crear una cooperativa de servicios agrícolas, que mantenga un banco de recursos humanos que puedan emplearse entre diversas fincas y empresas agrícolas. Propuesta 3: Diseñar y poner en marcha un programa de financiamiento abarcador, que llegue a todos los potenciales productores y productoras, que están deseosos de emprender su negocio en el sector agropecuario. Los mercados institucionales deben servir de plataforma de lanzamiento a la producción agrícola local. Establecer los controles adecuados para que los puntos de venta estén accesibles a nuestras empresas productoras en todo el país. La información expuesta aquí es un resumen diseñado para facilitar la lectura. Para acceder a la información completa, descargue el documento al final de esta página.

Se estima que el 33.2% de la población de 18 años o más en Puerto Rico presentó inseguridad alimentaria y el 9.0% de ese mismo sector poblacional de 18 años se encuentra en la categoría de “muy baja seguridad alimentaria”. El 21.7% de las personas indican que, en los últimos 12 meses, hubo ocasiones en las cuales tuvieron que servirse menos cantidad de alimentos o dejar de comer una de sus comidas diarias por falta de dinero. Aproximadamente una cuarta parte de estos (25.8%) lo hizo casi todos los meses. Propuesta 1: La educación es la base de toda estrategia para atender la seguridad alimentaria, por lo que urge diseñar cursos y prácticas para estudiantes, en los que se destaque la importancia de los huertos caseros, sociales y escolares. La educación agrícola no debe ser exclusiva de las escuelas; se debe expandir a los institutos, universidades privadas y sobre todo al sistema de la UPR. Diseñar cursos, adiestramientos y educaciones continuas sobre agricultura, microempresas agrícolas y producción de alimentos. Propuesta 2: Diseñar y crear huertos comunitarios mediante programas coordinados entre el sector público y el privado. Incentivar a comunidades y sus residentes a crear huertos comunitarios en áreas baldías, parques, y en patios de residencias. Incentivar a familias, personas individuales y comunidades mediante subsidios financieros basados en resultados, y con inventarios de semillas, abonos orgánicos, equipo y adiestramiento. Los productos que se cosechen serán alimentos o fuentes de ingreso para quienes los sembraron y los cosecharon. Propuesta 3: Facilitar la formación de microempresas agrícolas poseídas por mujeres, mediante la creación de centros de cuidos para la niñez y de cuidado a las personas mayores. Establecer relaciones estructuradas con centros existentes de cuidado “diurno” para personas mayores, asilos y residencias de vida independiente, mediante consorcios en los que las personas mayores colaborarán en el cultivo y otras labores en microempresas. Los productos/alimentos pueden consumirse o ser fuente de ingresos para estos centros. La información expuesta aquí es un resumen diseñado para facilitar la lectura. Para acceder a la información completa, descargue el documento al final de esta página.

La estrategia de desarrollo económico de Puerto Rico se ha centrado históricamente en una visión metro-céntrica, que explica en gran medida el nivel de subdesarrollo de las regiones fuera de San Juan. No se ha adoptado una estrategia mediante la cual se definan claramente las particularidades, características, necesidades, programas y proyectos de infraestructura, industriales, comerciales, de servicios y agrícolas de cada región. Propuesta 1: Se reenfocará la visión del desarrollo económico de Puerto Rico mediante la adopción de una Estrategia de Desarrollo Regional, que partirá de cinco regiones claramente definidas, a saber: Norte y Metropolitana, Este, Sur, Oeste y Central. Cada región se definirá como un Polo de Desarrollo Autónomo. Los planes de desarrollo que se diseñen en cada región no atentarán contra la integridad de los recursos naturales y el medioambiente. 5.2 Propuesta 2: El principio de desarrollo sustentable regirá por encima de cualquier otra consideración, por lo que los lineamientos del Plan de Usos de Terrenos 2015 (PUT) deben seguirse estrictamente, sin permitir excepciones en los mapas de zonificación. En ese contexto se incorporará a la industria turística dentro de los planes de desarrollo. Así, cada región podrá presentar sus atractivos turísticos en armonía con el uso eficiente de los puertos marítimos y aéreos, pero protegiendo el medioambiente. Propuesta 3: Lograr el uso óptimo de los aeropuertos regionales, además del Aeropuerto Luis Muñoz Marín. El Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla se debe convertir en el segundo aeropuerto internacional del país, junto al Aeropuerto Mercedita de Ponce. Con la liberación del aeropuerto de la antigua Base Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico cuenta con cuatro áreas estratégicas en las que se combinan puertos marítimos y aéreos. Estas son: San Juan, Ceiba, Ponce y Aguadilla/Mayagüez. La información expuesta aquí es un resumen diseñado para facilitar la lectura. Para acceder a la información completa, descargue el documento al final de esta página.

Gran parte del comercio interno de Puerto Rico está en manos de empresas comerciales extranjeras que operan grandes cadenas de tiendas. Estas cadenas compiten en desigualdad de condiciones, lo que les permite desplazar a los comerciantes pequeños y medianos, en su inmensa mayoría puertorriqueños y puertorriqueñas. Esta dinámica ha provocado a lo largo de los años que muchos comerciantes del patio hayan cerrado operaciones. Propuesta 1: Decretar una moratoria en la autorización de proyectos de centros comerciales en las afueras de los pueblos. Prohibir la rezonificación de terrenos agrícolas, de bosques, pastos, humedales o en cualquier estado natural, a cualquier clasificación o categoría que pueda abrir paso a la construcción de instalaciones comerciales adicionales. Propuesta 2: Ampliar incentivos económicos, infraestructurales y de servicios para promover la renovación y el desarrollo comercial de los cascos tradicionales de los municipios, haciéndolos más atractivos a los consumidores y las consumidoras como centros comerciales y de recreación. Proveer apoyo técnico a los pequeños y medianos comerciantes sobre gerencia, mercadeo y canales de financiamiento, a intereses bajos, para que puedan modernizar sus negocios y competir en condiciones más equitativas. Propuesta 3: Revisar la Ley de Monopolios y del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para proteger al comercio local y a los consumidores y consumidoras, en cuanto a industrias básicas, como las de distribución de gasolina, gas licuado, transportación, distribución de alimentos, medicinas, en particular a nivel del mayorista. Promover eslabonamientos entre las empresas comerciales y las empresas agrícolas y manufactureras locales La información expuesta aquí es un resumen diseñado para facilitar la lectura. Para acceder a la información completa, descargue el documento al final de esta página.

La consideración de la política comercial con el exterior es un elemento indispensable en una estrategia de desarrollo económico nacional. Esto es ahora más cierto que nunca, a la luz de la dinámica de la economía internacional, en la que las transacciones comerciales entre países ricos y pobres, y entre naciones grandes, medianas y pequeñas son cada vez más cuantiosas. Puerto Rico no participa en igualdad de condiciones en el escenario comercial internacional. Propuesta 1: Acceso a mercados y servicios financieros en armonía con nuestra estrategia de multiplicación de opciones. Establecimiento de vínculos con otros países, a nivel bilateral y multilateral. Atracción de inversiones de capital extranjero compatible con el desarrollo sustentable. Propuesta 2: Promoción de exportaciones de bienes y servicios, subrayando la estrategia de diversificación de su perfil, así como el acceso a diferentes mercados. Sustitución racional de importaciones agrícolas y de productos manufacturados. Propuesta 3: Apoyo a empresas que en sus etapas iniciales necesitan ayuda especial hasta que logren la eficiencia y la escala necesarias para competir en igualdad de condiciones. Estrategias de comercio exterior dirigidas particularmente a países caribeños y latinoamericanos cercanos, que constituyen nuestro mercado natural y nuestras fuentes potenciales de materias primas y bienes de consumo y de capital. La información expuesta aquí es un resumen diseñado para facilitar la lectura. Para acceder a la información completa, descargue el documento al final de esta página.

La situación colonial de Puerto Rico no le permite el cumplimiento cabal de objetivos de desarrollo empresarial con son parte de la mayoría de los planes estratégicos de la mayoría de los países soberanos. Tal escenario le impide superar las restricciones del sistema económico. Aún dentro de las limitaciones actuales se puede comenzar a sentar las bases que permitan al país encaminarse hacia el logro de los objetivos de desarrollo empresarial. Propuesta 1: Crear la Compañía de Desarrollo Empresarial para prestar servicios coordinados a las empresas pequeñas, corporaciones propiedad de trabajadores y trabajadoras, y cooperativas, incluyendo: estudios de viabilidad, asesoramiento técnico y de mercadeo, contabilidad y otros. Sentar las bases para la promoción de la exportación de servicios educativos y de salud. Propuesta 2: Como punto de partida en el proceso de descolonización, sentar las bases para controlar el comercio exterior, exento de los aranceles estadounidenses que se imponen a los productos provenientes de países fuera de Estados Unidos. Puerto Rico impondrá, si así lo desea, sus propios aranceles a esos productos. Fortalecer la política de comercio externo mediante su participación en foros internacionales como la Organización Mundial de Comercio y las organizaciones regionales. Propuesta 3: Concertar tratados contributivos con el resto del mundo, especialmente con el objetivo de lograr que se apliquen a Puerto Rico cláusulas de condonación contributiva que representan incentivos similares a la antigua Sección 936 y que países como Japón, Alemania, Francia e Inglaterra ofrecen a países en vías de desarrollo. Utilizar barcos de cualquier marina mercante del mundo para el comercio entre Puerto Rico y puertos de los Estados Unidos. La información expuesta aquí es un resumen diseñado para facilitar la lectura. Para acceder a la información completa, descargue el documento al final de esta página.

El tercer sector, compuesto por un sinnúmero de organizaciones sin fines de lucro (OSFL), se ha convertido en protagonista de una gran variedad de actividades productivas en la mayoría de las economías contemporáneas y Puerto Rico no es la excepción. Los reclamos y necesidades de la ciudadanía cambian constantemente y se hacen cada vez más intensos y fragmentados, y las OSFL han desempeñado un papel significativo en la provisión de servicios sociales, aportando - a su vez - a la economía del País. Propuesta 1: Dado el hecho irrefutable de que las Organizaciones sin Fines de Lucro representan un componente económico importante del País, un primer objetivo de política pública consistirá en ampliar los canales de financiamiento a los cuales estas entidades puedan acceder, tanto para continuar llevando a cabo sus actividades, como para iniciar fases nuevas de prestación de servicios a las comunidades. Propuesta 2: Fomentar el crecimiento de las OSFL en actividades como servicios de salud, educación, arte, cultura, ambiente, servicios sociales, y asuntos de política pública, entre otros. Tomar las medidas de rigor para que las OSFL continúen actuando como un ente “delegado” del Estado, y por lo tanto, continúen ocupando un intersticio entre el sector privado y el sector público. Propuesta 3: Darle alta prioridad al diseño de política pública para favorecer el crecimiento, desarrollo y sostenimiento en el largo plazo de las OSFL, mediante el apoyo de las iniciativas que surjan a través de los años. Iniciar un esfuerzo de educación a todos los niveles para dar a conocer el rol y la importancia de las OSFL en nuestra economía y en nuestra sociedad. La información expuesta aquí es un resumen diseñado para facilitar la lectura. Para acceder a la información completa, descargue el documento al final de esta página.

El cooperativismo es una fuerza económica y de participación ciudadana que todavía no ha podido alcanzar el máximo de su potencialidad de inversión, producción de bienes y servicios, generador de ingresos y creador de empleos. Tiene mucho que contribuir como organismo educativo, y de justicia para la ciudadanía. Esto es así, a pesar de que el sector cooperativo de ahorro y crédito ha logrado alcanzar la tercera posición en el país, como conglomerado financiero, superado sólo por los dos bancos comerciales más grandes que operan en Puerto Rico. Propuesta 1: Incluir en el grupo de asesoría del gobernador o gobernadora un consultor o consultora en cooperativismo con reconocida experiencia en la doctrina y filosofía cooperativista. Promover el modelo cooperativista como forma de organización preferencial para mejorar los servicios gubernamentales. Crear un fondo de reserva de inversión para el desarrollo de cooperativas en todo el país. Propuesta 2: Crear incentivos y programas de asistencia técnica a través de las diferentes agencias del Gobierno que faciliten el desarrollo y fortalecimiento de las cooperativas relacionadas con el consumo, la vivienda, el trabajo, la producción, el transporte y los servicios. Eximir del pago de contribuciones sobre bienes inmuebles a todas las cooperativas del país. Propuesta 3: Crear la Oficina del Comisionado de Instituciones Cooperativistas (OCIC), para que ejerza las funciones de fiscalizador en las cooperativas que ahora ejerce COSSEC. COSSEC debe ser exclusivamente aseguradora de los fondos depositados en las cooperativas, mientras OCIC sería la entidad fiscalizadora del movimiento. Crear una escuela cooperativa de las artes de la pesca comercial y la acuacultura. Esta cooperativa podrá apoyar las entidades que se creen para explotar comercialmente la pesca y la acuacultura. La información expuesta aquí es un resumen diseñado para facilitar la lectura. Para acceder a la información completa, descargue el documento al final de esta página.

Una deficiencia fundamental de las políticas tradicionales radica en haber limitado servilmente nuestra promoción turística al mercado estadounidense, con un énfasis desproporcionado en el turismo de lujo, y no haber aprovechado el potencial de otros mercados como Europa y América Latina. Se ha abandonado nuestro propio mercado y no se ha desarrollado adecuadamente el turismo interno. El turismo tradicional ha causado conflictos entre las poblaciones locales y el sector privado por el uso de terrenos costaneros y de áreas de mar. Propuesta 1: Establecer una política pública que impulse el desarrollo del ecoturismo o turismo ecológico, que promueva el bienestar y la economía de las comunidades receptoras del turismo, la preservación del medio ambiente, el respeto a la cultura local, además de incentivar el desarrollo sostenible. Diseñar un Plan de Desarrollo Turístico que incluya la creación de la infraestructura necesaria para el desarrollo pleno del ecoturismo y agroturismo, y establecer cursos dirigidos al ecoturismo en las escuelas públicas y en el sistema de la UPR. Propuesta 2: Realzar en las campañas publicitarias para promover el turismo interno y externo, la riqueza y variedad ecológica del país, además de los lugares de interés, restaurantes y mesones gastronómicos de los pueblos fuera de San Juan. Promover el agroturismo para que turistas locales y del exterior visiten los proyectos agroecológicos en la isla, disfruten de sus ofrecimientos y particularidades, y aporten a su desarrollo económico. Propuesta 3: Ampliar la oferta turística para incluir casas de huéspedes y hospederías como sector organizado, con el objetivo de aumentar la competitividad en este sector. Promover arreglos con las empresas turísticas del área del Caribe para que Puerto Rico forme parte de los planes de atracción del turismo multinacional, de forma integrada. Crear un Comité Asesor de la industria turística, con componentes empresariales y laborales, y representantes de grupos ambientalistas, comunitarios y culturales. La información expuesta aquí es un resumen diseñado para facilitar la lectura. Para acceder a la información completa, descargue el documento al final de esta página.

En Puerto Rico no se ha articulado una política tecnológica coherente, que responda a los intereses de la ciudadanía, del comercio, la industria, los servicios, y el sector público, tanto en lo que concierne a la Internet como a las telecomunicaciones en general. Las preocupaciones principales son: pérdida de privacidad y protección del usuario o usuaria de la red de la Internet, ausencia de una política clara que exija el uso de talento puertorriqueño y, en el caso del establecimiento de torres de transmisión, las comunidades han reclamado reiteradamente que estas deben limitarse. Propuesta 1: Puntualizar en la necesidad de articular un plan integral para digitalizar y ampliar acceso a información en el Gobierno. Reconocer la necesidad de proteger la industria local de telecomunicaciones. Enfatizar en la necesidad de proteger el derecho a la intimidad de prácticas indeseables de negocios o intromisión indebida. Propuesta 2: Regular y monitorear cómo y dónde se establece la infraestructura de telecomunicaciones, a través de una nueva Ley de Telecomunicaciones que proteja la salud y la seguridad de las personas, y permita mediante una planificación ordenada la ampliación de los servicios de telecomunicaciones. Asegurar la participación de las comunidades en el proceso de toma de decisiones sobre la ubicación de antenas en zonas residenciales urbanas y rurales. Propuesta 3: Diseñar y poner en marcha un servicio de orientación y apoyo en las agencias de gobierno dirigido a la ciudadanía que no tiene destrezas ni acceso a equipo tecnológico. Impulsar el pleno desarrollo del servicio de internet a través de la aprobación de legislación dirigida a mejorar, ampliar y reducir los costos del servicio a la ciudadanía. La información expuesta aquí es un resumen diseñado para facilitar la lectura. Para acceder a la información completa, descargue el documento al final de esta página.

El trabajador o trabajadora no puede reducirse a mero factor instrumental, como si fuera materia prima o una pieza de capital. Esa visión continúa estando vigente. El desplazamiento laboral como consecuencia de la transformación tecnológica ha provocado la pérdida de millones de puestos de trabajo a nivel global. Puerto Rico no es la excepción en esta tendencia, que tiene múltiples consecuencias para la clase trabajadora contemporánea. Propuesta 1: Crear un organismo con representación sindical, gubernamental y patronal para entender en los asuntos laborales desde una perspectiva amplia. Estudiar las formas de hacer viable la reducción de la jornada regular de trabajo sin afectar la tasa salarial ni los beneficios marginales. Estimular el trabajo a jornada completa a la misma vez que, en donde sea requerida la jornada parcial, se le garanticen a las personas empleadas los derechos y beneficios que merece toda persona que trabaja. Propuesta 2: Implementar un plan para cuantificar el trabajo no-remunerado. Esto requerirá la creación de un Comité para cuantificar el uso del tiempo en Puerto Rico. Dicho comité tendrá como prioridades cuantificar la magnitud del trabajo no-remunerado, analizar la disparidad entre géneros sobre la participación en el trabajo no-remunerado, estudiar variables demográficas y sociales que inciden en la disparidad de la participación en trabajo no-remunerado, y cuantificar el valor monetario del trabajo no-remunerado dentro del PIB de Puerto Rico. Propuesta 3: Establecer y uniformar una política pública enérgica y vigorosa de cero recortes a las pensiones de quienes participan de los sistemas de retiro y las personas jubiladas del servicio público de Puerto Rico. Asegurar la viabilidad de los fondos de pensión del sector público mediante las medidas fiscales apropiadas, aumentando la aportación patronal. Asegurar la continuidad y solvencia actuarial del Sistema de Retiro de la UPR, el Sistema de Retiro de la AEE, y de cualquier otro sistema de retiro del sector gubernamental que goce de solvencia actuarial. Propuesta 4: Crear un sistema universal de retiro, orientado por el interés general, en cuya gestión participarían personas empleadas, jubiladas y propietarias, tanto del sector gubernamental como del sector privado. Este podría complementarse con planes individuales de ahorro a sistemas de contribución definida, pero no sustituirlos. Los principios centrales de dicho sistema serían: beneficio definido, seguridad universal, dispersión del riesgo, responsabilidad compartida y manejo profesional de activos. La información expuesta aquí es un resumen diseñado para facilitar la lectura. Para acceder a la información completa, descargue el documento al final de esta página.

La visión gubernamental sobre las ayudas financieras que se transfieren a las personas y a las familias ha resultado en la perpetuación de un sistema que, en lugar de proveer adiestramiento y empleo, desincentiva y penaliza la actividad productiva. Se ha escondido la pobreza, la cual perdura bajo un enchape de falsa seguridad económica. El gobierno de Puerto Rico nunca ha contabilizado el valor monetario del trabajo voluntario, por lo que no es extraño que esos servicios no se incentiven ni se reglamenten. Propuesta 1: Diferenciar, en los programas de asistencia económica, entre personas que tienen capacidad de trabajo y las que se determinen que no pueden trabajar porque están en una condición de dependencia absoluta. Evaluar la disponibilidad de las personas desempleadas para realizar tareas productivas en programas públicos o privados que se diseñarán para este propósito. Crear programas de adiestramiento y empleo para quienes se benefician de ayudas económicas. Propuesta 2: Gestionar con el gobierno de Estados Unidos, como parte del proceso de transición de una economía dependiente a una economía de ‘pueblo libre’, la asignación en bloque de los fondos federales de asistencia económica al gobierno de Puerto Rico y a individuos, que no constituyan derechos adquiridos, para hacer uso de esos fondos, no sólo en la concesión de beneficios individuales, sino también generación de actividad productiva y promoción del desarrollo económico. Propuesta 3: Adoptar y ratificar el Plan de Desarrollo Empresarial con Perspectiva de Género, con el propósito de atender las características, necesidades y recursos particulares de cada región del Archipiélago. Identificar, de manera particularizada, los sectores de la población femenina con menor acceso al mercado de empleo o al desarrollo empresarial, de manera que sea posible puntualizar aquellos factores que inciden sobre ese hecho, para trazar estrategias específicas que permitan su integración a la fuerza laboral o empresarial. 14.4 Propuesta 4: Impulsar medidas que promuevan el desarrollo de transportación pública para aumentar el acceso de madres/padres a sus lugares de empleo, servicios básicos y otros recursos importantes sin la necesidad de tener auto propio. En cuanto a las personas con diversidad funcional, incorporar al Plan Educativo Individualizado (PEI) del Departamento de Educación capacitación en destrezas laborales y vocacionales que les permitan obtener un empleo y mantenerlo para lograr una vida independiente. La información expuesta aquí es un resumen diseñado para facilitar la lectura. Para acceder a la información completa, descargue el documento al final de esta página.